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Abogados, Family Office

En Bufete Mercadal, al estar especializados en derecho inmobiliario y real estate, trabajamos con bastante frecuencia con certificaciones registrales, ya sea en operaciones de compra-venta o en las auditorías previas que realizamos para conocer en detalle la situación del inmueble.

En este artículo explicamos qué son y algunos detalles referentes a estos documentos.

 

¿Qué es la certificación registral?

La certificación registral es un documento público firmado por el registrador, dando fe del contenido del registro y con eficacia frente a todos. Sirve para acreditar todo lo relativo a una finca que conste en el registro, tanto de titularidades actuales como antiguas, y también respecto a derechos vigentes como extinguidos.

 

¿Para qué sirve?

Sirve para hacer valer y probar tales derechos frente a terceras personas, físicas, jurídicas, tribunales e instituciones y organismos públicos. Es, legalmente, el único medio para ello.

 

¿Qué tipo de certificación se pide más usualmente?

La que se conoce como “de dominio y cargas” o simplemente “certificación de la finca”. Comprende los datos vigentes en cuanto a la descripción completa de la finca, su propietario o propietarios, los derechos que puedan haberse constituido sobre la propiedad (arrendamiento, usufructo o el uso, por ejemplo) y las cargas que pesen sobre la finca, (hipotecas, embargos, servidumbres, afecciones fiscales, etc.), o bien la circunstancia de estar libre de ellas.

 

¿Qué es la certificación de categoría especial?

Si la certificación se expide en virtud de mandamiento judicial o administrativo en los procedimientos de ejecución por impago de deudas es una categoría especial. Ésta produce importantes efectos jurídicos, como advertir de la posible subasta de la finca a los interesados en contratar con el dueño o a los titulares de derechos que accedan al registro después de haberse iniciado el procedimiento.

 

Ley Orgánica de Protección de Datos

Es importante recordar que los asientos registrales están protegidos por la ley orgánica de protección de datos, por lo que no se facilitan datos personales sensibles ni, de forma generalizada, información sobre el precio de adquisición de las fincas.